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Foto: Internet. Las autoridades buscaban al exministro Alejandro Sinibaldi y al exembajador Julio Ligorría.

Exembajador y exministro implicados en corrupción

14 de julio, 2017

AP/La Voz de Michoacán

Guatemala. Un millonario caso de corrupción en Guatemala ha puesto en la mira de la justicia a un exministro de Comunicaciones y al exembajador en Estados Unidos, quienes habrían malversado fondos del Estado por más de diez millones de dólares.

El viernes las autoridades buscaban al exministro Alejandro Sinibaldi y al exembajador Julio Ligorría, sobre quienes pesan órdenes de arresto. El caso denominado “Construcción y corrupción” fue dividido en dos partes, la primera detalla los vínculos de Sinibaldi con empresas constructoras y corrupción y la segunda sobre la participación de Ligorría en financiamiento ilícito, para explicar los vínculos de ambos exfuncionarios con los hechos de corrupción.

El fiscal general en funciones, Arturo Archila, calificó el caso de “delincuencia económica de cuello blanco”.

La fiscalía y la Comisión Internacional Contra la impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de Naciones Unidas que investiga aparatos clandestinos dentro del Estado, revelaron que el exministro Sinibaldi supuestamente entregó nuevos contratos de obras públicas y autorizó pagos de deuda atrasada a empresas constructoras que a su vez pagaron comisiones ilegales a compañías fantasma formadas por empleados suyos.

De acuerdo con la investigación esas empresas de Sinibaldi, creadas a nombre de contadores, albañiles y bodegueros, también habrían intentado lavar dinero del erario guatemalteco en Nicaragua.

Según la fiscalía, a través del tráfico de influencias Ligorría logró resolver un litigio entre las empresas de telefonía Tigo, propiedad del empresario guatemalteco Mario López, y Telgua, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim. A cambio de ello, habría recibido dinero a través de las empresas fantasma de Sinibaldi y los fondos habrían sido destinados al Partido Patriota que llevó a la presidencia a Otto Pérez Molina, actualmente preso por corrupción.

Iván Velásquez, titular de la CICIG, dijo que ambas empresas de telefonía habrían aportado financiamiento a campañas electorales de partidos que llegaron a gobierno como el Patriota Patriota (PP) y la Unidad Nacional de la Esperanza, del entonces presidente Álvaro Colom, con el fin de recibir favores que beneficiarían a sus empresas y que la fiscalía y la Comisión investigan.

El juez emitió captura contra Sinibaldi por los delitos de asociación ilícita, cohecho, lavado de dinero y financiamiento ilícito electoral.

Sinibaldi ya es prófugo de la justicia por otro caso en su contra, también por hechos de corrupción. A Ligorría se le acusa de financiamiento electoral ilícito.

Las autoridades localizaron viviendas, casas de playa, fincas, yates, aviones, helicópteros, vehículos y obras de arte que Sinibaldi habría adquirido con dinero del erario nacional y que según las autoridades entrarán en un proceso de extinción del dominio.

Sinibaldi habría sido el enlace entre empresas constructoras, empresarios y funcionarios del gobierno para recibir sobornos entre 2011 y 2015. Se estima que los pagos ilegales habrían alcanzado los diez millones de dólares.

La policía realizó el viernes 42 allanamientos en la ciudad de Guatemala y otros departamentos del país en fincas y propiedades de empresarios vinculados a las constructoras. El viceministro de gobernación Ricardo Guzmán dijo que durante los operativos fueron detenidas 17 personas por delitos que van desde lavado de dinero hasta cohecho. Otras 15 personas fueron declaradas prófugas de la justicia, entre ellas Ligorría y Sinibaldi.

En 2015 el caso denominado “La Línea”, una red que defraudó al Estado en varios millones de dólares, sacudió a la clase política guatemalteca y alcanzó las más altas esferas del gobierno. El entonces presidente Pérez Molina (2012-2015) y su vicepresidenta Roxana Baldetti tuvieron que renunciar a sus cargos acusados de corrupción. Pérez Molina se encuentra en prisión a la espera de un juicio. En julio Estados Unidos solicitó la extradición de la ex vicepresidenta bajo cargos de narcotráfico.

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