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Morelia, Michoacán a 24 de noviembre de 2017
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Foto: Víctor Ramírez. El gobernador presidió el evento de promulgación de leyes del nuevo Sistema Anticorrupción.

Promulgan leyes del Sistema Anticorrupción

18 de julio, 2017

Redacción web/La Voz de Michoacán

Javier Favela/ La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Al promulgar los decretos legislativos para combatir la corrupción, el gobernador Silvano Aureoles advirtió que ningún servidor público involucrado en actos de corrupción será indultado.

Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, subrayó el mandatario michoacano ante el gabinete congregado en la sede del Poder Ejecutivo, donde deploró que Michoacán ocupe el tercer lugar nacional en percepción de corrupción.

A su vez, Pascual Sigala Páez, presidente del Congreso, prometió que no habrá más cuotas partidistas para repartirse los órganos autónomos como se ha hecho en el pasado, y aseguró que no habrá filias ni fobias en la designación de los titulares de los puestos claves del sistema estatal anticorrupción.

El exlíder parlamentario del PRD llamó a acabar con las historias de desfalcos financieros sin responsables de ello, y conminó a acabar con las resistencias de algunos funcionarios para rendir cuentas a la sociedad. “Nunca más alguien, por su condición de servidor público, deberá estar al margen de la ley ni lejos de la acción de la justicia”.

Mario Armando Mendoza, jefe del grupo plural dictaminador del paquete anticorrupción, se pronunció en contra del reparto de cuotas partidistas, sindicales, empresariales o sociales para integrar los nuevos órganos del sistema estatal anticorrupción, que deberán estar en total funcionamiento a partir de enero del 2018.

Al refutar críticas de que el nuevo sistema anticorrupción nace incompleto y sin dientes, el diputado priista desglosó el capítulo de sanciones y medidas preventivas, que incluye el embargo precautorio de bienes de funcionarios bajo investigación.

Alejandro Bribiesca, magistrado del Supremo Tribunal, disertó que la corrupción va acompañada de la impunidad, y enfatizó que la implementación es la etapa más delicada de cualquier reforma legislativa, para que sea adecuada y acorde al reclamo social.

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